Parte 1: El boom de Monsanto y las semilleras estalla en el sur de Puerto Rico
Las aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto Rico.
De norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000 cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo vegetal de principal importancia económica en el País.
Nadie sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo y consultas a documentos públicos, y luego analizó el área con información geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y sus territorios.
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Parte 2: Una alfombra roja de mantengo corporativo impulsa los transgénicos en Puerto Rico
Nadie consultó a los vecinos del municipio de Juana Díaz, ni siquiera al alcalde Ramón Hernández, si las semilleras multinacionales podían adueñarse de una tercera parte de sus mejores tierras agrícolas, convertirlas en laboratorio transgénico y recibir exenciones contributivas a costa de ingresar menos a las arcas del pueblo. “Aquí un carrito de hot dog paga más patentes que Monsanto, que gana millones”, denunció Hernández.
Frente a la plaza del pueblo, la tienda Pepe’s vende carteras, estolas y trajes, y desembolsó $2,421 en patentes municipales en el año fiscal 2017. Eso es más de lo que pagó Monsanto, que sólo aportó $1,826 a pesar de informar un volumen de venta de $22.6 millones sólo en Juana Díaz, según la alcaldía. La empresa está en la lista de las 500 corporaciones más ricas del mundo que publica la revista Fortune. Si el gobierno no le hubiera otorgado tasas contributivas especiales a la multinacional, ésta habría pagado casi medio millón de dólares al municipio en cinco años, como corresponde a cualquier negocio con un volumen de ventas similar.
Durante la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur. Así lo reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras solicitar y analizar informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los números no incluyen el costo fiscal por reducción de patentes en todos los municipios en los que operan semilleras como Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences, Bayer CropScience, Dupont-Pioneer, AgReliant Genetics, Mycogen Seeds y RiceTec.
Parte 3: Empleados enfermos de las empresas de transgénicos reportan sus casos al gobierno de Puerto Rico
La agrónoma Iris Pellot caminó hasta un llano pelado por herbicida. Sólo sobrevivían filas de maíz modificado genéticamente para resistir este agroquímico. Con gafas de seguridad, botas de cuero con punta de acero y una barriga de cuatro meses de embarazo, se presentó a trabajar con cultivos de la multinacional Monsanto en el pueblo de Isabela, al noroeste del epicentro transgénico de Puerto Rico. Sus manos rozaron las plantas como en otras ocasiones, pero ese día se le marcaron líneas rojas en la piel, como si la hubieran azotado con una varita en llamas.
Pellot levanta la cara cogiendo aire, se rasca el cuello como si aún le picara la garganta, y regresa en la memoria a ese episodio de 2010. Le estallaron la comezón por todo el cuerpo, la tos y el silbido en los pulmones. Se acostumbró a mirar, en el retrovisor de la guagua del trabajo y el espejo del baño, sus labios hinchados, las orejas inflamadas y los ojos enrojecidos. “Era normal verme desfigurada como un monstruo”, dice Pellot al repasar los efectos de la condición alérgica que le diagnosticó el médico. Iris tenía 31 años, pero el examen del neumólogo reveló la capacidad pulmonar de una anciana de 94.
En 2015, especialistas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), que atiende a ciudadanos que han tenido accidentes en el entorno laboral, le diagnosticaron condiciones alérgicas y respiratorias por “exposición a vapores o humos”, reconociendo que Pellot había recibido un daño en su trabajo. Un total de 185 empleados de las semilleras multinacionales mantienen casos abiertos ante la CFSE, de los cuales 23 han sufrido síntomas similares a los de Pellot, según la oficina de prensa de la agencia gubernamental.